La PGR es la que debe conocer de conformidad a lo establecido en nuestra Constitución Política, pues es la facultada para intervenir en los procedimientos de extradición.
La falta de tratado de extradición significa que dos países no tienen un acuerdo formal que permita la entrega de personas buscadas por la justicia en uno de los países.
En algunas ocasiones en esta etapa los reclamados consienten en su extradición y se agiliza su entrega.
four. Una persona condenada y sentenciada por un delito no será extraditada a menos que haya sido sentenciada a pena privativa de libertad u otra forma de detención por un periodo de seis meses o mayor a éste, y en el caso de Belice, con sujeción al Artículo eight, por la pena de muerte. ARTÍCULO three
El capítulo IV lleva por título "México y la extradición". En este apartado se parte del argumento de que los tratados internacionales son la principal fuente de la extradición, por tanto, es necesario conocer la posición que guardan dichos instrumentos jurídicos dentro del sistema de fuentes de un Estado. Para el caso mexicano, se analiza el artworkículo 133 constitucional a la luz de la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó sobre dicho numeral en 1999, llegando a la conclusión de que fue atinada la postura de la SCJN, al establecer que los tratados internacionales se encuentran inmediatamente por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
El caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán es un ejemplo de la complejidad del proceso de extradición a México. A pesar de los recursos legales presentados por su defensa, Guzmán fue finalmente extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por varios delitos.
La pena de muerte weblink es una de las principales exigencias a respetar por parte de las autoridades mexicanas, ya que cualquier solicitud de extradición deberá aprobar que no puede ser sentenciado de esta forma.
Finalmente, en una tercera parte del capítulo segundo, la autora aborda el tema de la extradición de nacionales; tópico sumamente debatido en el que existen dos posiciones predominantes: la de los países de tradición jurídica anglosajona o Widespread Regulation, que permiten la extradición de nacionales y la Check This Out de los países de extracción jurídica romano&#one hundred fifty;germánica o Civil Regulation que, por largo tiempo, han rechazado la posibilidad de extraditar a sus nacionales. Estas posiciones encontradas han sido una de las principales razones para weblink que no se haya llegado a una verdadera uniformidad en las normas que regulan la extradición.
El procedimiento de extradición puede ser largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.
El proceso de extradición puede ser largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.
Que en los archivos de esta Secretaría obra uno de los dos originales del Tratado de Extradición entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice, firmado en la Ciudad de México el día veintinueve del mes de agosto del año de mil novecientos ochenta y ocho, cuyo texto y forma en español son los siguientes: PREÁMBULO
Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.
Además, es necesario que exista una orden de aprehensión o una sentencia condenatoria en firme en el país solicitante. También es importante que se presente la documentación necesaria que acredite la identidad de la persona a extraditar y los delitos por los que se le acusa.
Los países pueden tomar medidas como emitir órdenes de captura internacionales, cooperar con otros países para llevar a cabo investigaciones conjuntas y aplicar sanciones económicas y políticas a los países que no cooperan en la lucha contra el crimen.